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“G. W., C. N. S/DCIA ABUSO R/V HIJA”

Oficina de la Mujer y Violencia de Género • 2025-04-25•Documento

Resumen

La sentencia analiza la impugnación de una condena por abuso sexual simple agravado por el vínculo, cometido contra una niña durante su infancia. La Defensa cuestionó principalmente la valoración del relato de la víctima, la demora en la develación, las pruebas psicológicas, los testimonios familiares y la existencia de una posible conflictividad parental. La Cámara sostuvo que la perspectiva de género resulta compatible con la presunción de inocencia y la sana crítica racional, y destacó la necesidad de valorar el relato de la víctima considerando su coherencia interna y externa, junto con las corroboraciones disponibles y el contexto de violencia sexual intrafamiliar. También rechazó interpretaciones basadas en estereotipos sobre la conducta esperable de una víctima. Finalmente, confirmó la responsabilidad penal.
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Violencia sexual, Develación, Estereotipos, Derecho a la vida sin violencia, Valoración Probatoria, Acceso a Justicia, Debida Diligencia Reforzada, Víctima, Niña, Adolescentes, Testimonio de la Víctima

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Descripción

La sentencia recurrida había impuesto 4 años y 8 meses de prisión de cumplimiento efectivo, accesorias legales y costas. La Defensa solicitó la absolución por aplicación del beneficio de la duda y, subsidiariamente, la reducción de la pena a tres años de prisión condicional. Según la acusación reproducida por el Tribunal, los hechos habrían ocurrido entre el 4 de marzo de 2006 y el 3 de marzo de 2013, cuando la niña contaba entre cuatro y diez años, durante su estadía en el domicilio de su padre. La acusación describió conductas sexuales reiteradas durante la noche y señaló que la víctima habría guardado silencio ante una amenaza del progenitor. La denuncia se produjo en 2019, después de que la joven, entonces de 17 años, relatara los hechos a su profesora de Lengua luego de la lectura de una obra literaria que abordaba una situación de abuso intrafamiliar. La Defensa cuestionó principalmente la valoración de la prueba y la atribución de autoría. La Fiscalía solicitó el rechazo de la impugnación y la confirmación íntegra de la sentencia. El Tribunal partió de la premisa de que, en los delitos sexuales intrafamiliares, habitualmente no existen testigos presenciales debido a la propia modalidad de comisión de estos hechos. Por ello, señaló la importancia de analizar el relato de la víctima junto con los elementos de corroboración disponibles. Entre los elementos considerados en la instancia anterior se encontraban: el relato de la víctima; sus distintas develaciones; las intervenciones de profesionales de psicología; testimonios de familiares; la intervención previa de una profesional del ETI; las circunstancias temporales y familiares que rodearon los hechos. El juez de primera instancia había considerado que el relato de la víctima presentaba coherencia interna y externa y persistencia, y había otorgado relevancia a las conclusiones de las profesionales intervinientes. También había considerado como agravantes de la pena la modalidad nocturna, el ámbito paterno, la pluralidad y duración de los hechos, la asimetría de poder, la vulnerabilidad derivada de la condición de mujer y niña y la extensión del daño; como atenuantes, la ausencia de antecedentes y la incidencia de la pena sobre sus hijos menores. La Cámara analizó la impugnación ordinaria interpuesta por la Defensa contra la condena de J.C.M. El núcleo de la sentencia se orientó en la discusión sobre la suficiencia y valoración de la prueba en un supuesto de violencia sexual intrafamiliar, especialmente respecto de: la credibilidad y coherencia del relato de la víctima; la ausencia de testigos presenciales; la significación probatoria de las develaciones sucesivas; el valor de las intervenciones psicológicas; el tratamiento de explicaciones alternativas propuestas por la Defensa; la incidencia de las circunstancias familiares y y la fundamentación de la pena. La propia sentencia señala que el análisis de este tipo de casos debe partir de la versión de la víctima y examinar su coherencia interna y externa, teniendo presente que la ausencia de testigos presenciales constituye una característica frecuente de los delitos sexuales cometidos en el ámbito intrafamiliar. Se puede concluir que el punto especialmente relevante es el estándar probatorio. La sentencia realizó una distinción importante entre el enfoque de género y la flexibilización de la carga probatoria. Expresamente sostuvo que la perspectiva de género no implica transformar el testimonio de la víctima en prueba automáticamente suficiente ni desplazar la presunción de inocencia, que el criterio adoptado consiste en exigir una valoración racional y conjunta de la evidencia, señalando que, la declaración debe analizarse atendiendo a su coherencia y a las corroboraciones periféricas existentes. Esta postura constituyó uno de los ejes argumentativos centrales de la sentencia, perspectiva de género y garantías procesales son presentadas como dimensiones compatibles y no excluyentes. Al respecto puede resumirse que el Tribunal abordó expresamente esa tensión y sostuvo que juzgar con perspectiva de género no significa reducir las garantías constitucionales. Por el contrario, exige revisar críticamente las máximas de experiencia utilizadas para valorar la prueba, manteniendo la sana crítica racional y la presunción de inocencia. La Cámara mantuvo la declaración de responsabilidad, pero consideró que algunos factores habían sido utilizados de manera que justificaban una reducción de la sanción. En particular, descartó como agravante autónoma una multiplicidad de hechos superior a los dos finalmente atribuidos y redujo la incidencia de la diferencia de edad y de la extensión del daño como agravantes. Por unanimidad resolvió confirmar la declaración de responsabilidad y reducir la pena de 4 años y 8 meses a 4 años y 4 meses de prisión efectiva.