“C., M. A. c/ C., E. A.S/ VIOLENCIA FAMILIAR” Expte. Nº 531/2016

Abstract

En ejercicio de sus funciones en el Ministerio de la Defensa Pública, las letradas presentantes, cuestionan el rechazo de las medidas de protección solicitadas frente a hechos denunciados como violencia de género, acoso sexual y violencia laboral. Sostienen que la decisión impugnada efectuó una interpretación restrictiva de la situación, al considerar determinante la ausencia de elementos que permitieran encuadrarla como violencia familiar y otorgar carácter decisivo a las conclusiones del Equipo Técnico Interdisciplinario.

Desde una perspectiva de género, plantean que la obligación estatal de protección frente a la violencia contra las mujeres no puede quedar supeditada al ámbito en que se desarrollan los hechos —familiar o laboral— ni a la existencia de una conclusión definitiva del equipo técnico sobre la configuración de violencia de género. Afirma que la situación debía ser examinada conforme al marco constitucional y convencional de protección de los derechos de las mujeres y a las previsiones de la Ley 26.485, que contemplan la violencia en los distintos ámbitos en los que las mujeres desarrollan sus relaciones interpersonales. Un aspecto central del planteo es que la respuesta judicial frente a la violencia también puede producir efectos de género: la denegación de protección incrementaría la situación de indefensión de la denunciante, podría favorecer la reiteración de las conductas denunciadas y producir una situación de victimización secundaria al trasladar nuevamente la problemática al ámbito privado sin una respuesta estatal efectiva. Asimismo, vinculan la tutela judicial efectiva con el deber estatal de actuar con debida diligencia, prevenir nuevos hechos de violencia y garantizar una respuesta urgente y eficaz, solicitando la revocación de la decisión y el dictado de las medidas de protección requeridas.